SEGURIDAD JURÍDICA

Retomando el concepto de seguridad jurídica, resulta que el Gobierno actual promulgó la Ley de Incentivo a la Competitividad e Innovación Industrial. Estableció una serie de requisitos para poder acogerse al beneficio antes citado, y ahora, porque el Gobierno tiene un gran déficit fiscal (ha gastado muchísimo más que lo que le ha ingresado) y se niega a reducir los gastos corrientes, la salida ha sido “modificar” la Ley antes citada por medio administrativo, lo cual es completamente ilegal.

DE INTERÉS GENERAL
Por Fernando Ferreira Azcona.

La enciclopedia libre Wikipedia establece que: “La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que se entiende y se basa en la «certeza del derecho», …y representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público... El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados... En resumen, la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados”, fin de la cita.

¿A qué viene la cita anterior? De acuerdo a los entendidos en la materia, la inversión extranjera es renuente a establecerse en países donde no se le garantice la seguridad jurídica. Es decir, que es una condición “sine qua non”, que las reglas de juego estén claras y que las mismas no estén, como las veletas, sujetas a la dirección del viento.

Y es entendible que así sea. Todo inversionista extranjero sensato que esté contemplando invertir sus millones de dólares en un negocio lícito, va a escoger el país que le ofrezca las mayores garantías de que las reglas de juego no van a ser cambiadas antojadizamente o de un día para otro. Ésta es una de las ventajas que ofrece Costa Rica como país, y una de las razones por las que muchas empresas extranjeras prefieren a la “Suiza de América” para establecer sus filiales.

Hace dos o tres años, en nuestro país se promulgó la Ley de Desarrollo Fronterizo, cuyos objetivos principales eran: a) crear empleos productivos en esta zona, b) a través del establecimiento de empresas e industrias que se acogerían a incentivos previamente establecidos por la Ley, y c) detener la migración de los habitantes de esas provincias hacia las grandes ciudades, donde la mayoría pasa a engrosar los cinturones de miseria.

Era obvio, que para hacer atractivo el establecimiento de empresas en zonas apartadas de los grandes mercados, como Santo Domingo, Santiago, etc., había que ofrecer incentivos que motivaran a los inversionistas a correr este riesgo y el costo adicional de transportar los productos terminados hacia dichos mercados.

En principio, la promulgación de la Ley tuvo buena acogida de parte de empresarios potenciales. Empezaron los estudios de factibilidad, las compras de terrenos donde establecerse y varias empresas llegaron a instalarse en la zona fronteriza.

Pero… ¡Vaya sorpresa! Un par de años más tarde, la Ley de Desarrollo Fronterizo, por falta de seguridad jurídica en nuestro país, fue mutilada atendiendo la presión de los grandes capitales nacionales sobre el Gobierno: Que si competencia desleal, que si capacidad instalada, que a mí hay que darme los mismos incentivos aunque mi industria esté en Santo Domingo, y un largo etc., etc., etc. Obviamente, fue el réquiem para la Ley de Desarrollo Fronterizo, que no pasó de ser un nati muerto.

El año pasado, el Gobierno promulgó la Ley de Incentivo a la Competitividad e Innovación Industrial, y entre otras cosas, se estableció que el cobro del ITBIS a las materias primas y bienes de producción intermedios fuese realizado por la Dirección General de Impuestos Internos, en vez de la Dirección General de Aduanas.

Esta medida conlleva un cambio de mucha importancia en el flujo de caja de las empresas, pues hasta la semana pasada se pagaba el 16 % del costo, flete y seguro de la materia prima, después de procesar la misma y vender el producto terminado, en vez de pagarlo al momento de realizar la importación de la materia prima.

Para ilustración, un ejemplo aritmético. Una industria importa materia prima para seis meses de producción, por valor de un millón de dólares (37 millones de pesos). Si paga el 16 % del ITBIS en la Dirección General de Aduanas, al momento de realizar la importación, tiene que desembolsar cinco millones, novecientos veinte mil pesos, antes de comenzar su proceso industrial. Si pagase el ITBIS en la Dirección General de Impuestos Internos, pagaría el mismo monto en sumas parciales, en la medida que vaya vendiendo el producto terminado. Es decir, al final del proceso industrial.

Retomando el concepto de seguridad jurídica, resulta que el Gobierno actual promulgó la Ley de Incentivo a la Competitividad e Innovación Industrial. Estableció una serie de requisitos para poder acogerse al beneficio antes citado, y ahora, porque el Gobierno tiene un gran déficit fiscal (ha gastado muchísimo más que lo que le ha ingresado) y se niega a reducir los gastos corrientes, la salida ha sido “modificar” la Ley antes citada por medio administrativo, lo cual es completamente ilegal.

Los industriales protestaron ante esta irregularidad, publicaron comunicados en espacios pagados en los diarios de mayor circulación y “amenazaron” con elevar un recurso de amparo ante los tribunales correspondientes.

Es “Vox Populi” que el Gobierno, a través de los Directores de Aduanas y de Impuestos Internos, llamó a los líderes del sector industrial, los cogió por el cocote, los zarandeó y les dijo: “Ustedes tienen dos caminos, “aceptar voluntariamente” el cobro del ITBIS en Aduanas durante un año, o el Gobierno somete un proyecto de ley al Congreso y le tumbamos la Ley de Incentivo a la Competitividad e Innovación Industrial por completo y para siempre”.

Ante tan buen argumento y tan buena disposición del Gobierno, a los industriales no les quedó otra alternativa que “sacrificarse por la Patria” y acceder “voluntariamente” a pagar como, cuando y donde le dé la gana al Gobierno.

¿Quién dijo Seguridad Jurídica?