BUEN PRECEDENTE DE LA JUSTICIA DOMINICANA

CONTINÚAN AMENAZAS CONTRA JORDI VERAS Y FLIA.
Por Fernando Rodríguez Céspedes

Esta situación es indignante, y lo peor es que puede alcanzar a cualquiera que cumpla con responsabilidad su rol de profesional del derecho. El sicariato es una realidad en nuestro país y tenemos que combatirlo a como dé lugar.

No obstante a que la sentencia condenatoria contra el empresario santiagués Adriano Román y el grupo de sicarios que atentó contra vida del abogado-comunicador Jordi Veras, en Santiago, constituye una seria advertencia contra el crimen organizado, la familia Veras Rodríguez y las autoridades, deben extremar las medidas de seguridad ante nuevas amenazas contra el joven abogado y su padre.

Adriano Román ha demostrado, con su largo historial delictivo, ser capaz de cualquier cosa sobre todo ahora que, cual fiera herida, sin nada más que perder, intenta lanzar sus últimos zarpazos, como denunciara el doctor Ramón Antonio- Negro- Veras, padre de Jordi, quien anunció la salida del país de su hijo y familia por razones de seguridad.

La mayor prueba de la peligrosidad de Román es que cumpliendo condena por el intento fallido de asesinato contra su ex esposa Miguelina Llaverías, a quien había sometido a graves vejámenes y agresiones físicas, en vez de asumir una actitud de arrepentimiento, contrata a un grupo de facinerosos para ultimar a Jordi porque logró que se hiciera justicia.

Con la segunda sentencia, lograda por el joven abogado en su contra, el odio y la rabia de Adriano Román se han duplicado y dadas las facilidades que proporciona el dinero y la cantidad de delincuentes que existen en las cárceles y calles de nuestro país, las autoridades deben garantizar la seguridad en torno a la familia Veras Rodríguez merodeada por individuos sospechosos.

Ahora viene el proceso de apelación y pese a los incidentes que en base a trapisondas, chantajes y amenazas Román y sus abogados secuaces suelen ejercer, confiamos en que los intentos por cambiar la sentencia condenatoria caerán en el vacío ante la contundencia de las pruebas presentadas y la actitud responsable de la justicia de Santiago y el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
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JUSTICIA A PRUEBA CON CASO JORDI VERAS

Por Fernando Rodríguez Céspedes

La justicia dominicana, más que la de Santiago, enfrenta un gran reto con la sentencia que habrá de dictar este martes 17, el Primer Tribunal Colegiado de la provincia cibaeña contra el empresario Adriano Román y la banda de sicarios que atentó contra la vida del abogado y comunicador Jordi Veras el 2 de junio del año 2010.

Después de cuatro años de reenvíos por subterfugios y artimañas judiciales de los abogados defensores, se logró llegar a juicio de fondo y se pospuso para la referida fecha el fallo que confirmará la pobre percepción que tiene la población del sistema judicial o demostrará, que no todo está perdido en nuestra sociedad.

Es precisamente por las implicaciones que se derivan de esta sentencia, que se ha creado una gran expectativa en torno a la misma, porque de la venalidad o drasticidad de los jueces, dependerá el fortalecimiento o debilidad de la lucha contra el sicariato, una nueva modalidad del crimen organizado que asesina hasta por líos de faldas.

El Ministerio Público pidió 30 años de prisión contra el autor intelectual y patrocinador del atentado, e igual pena para seis de los acusados de integrar la banda de facinerosos. La víctima pide además, una indemnización millonaria por los daños físicos permanentes, y profesionales, sufridos a consecuencia del atentado.

Sería justo, que además de la sentencia a prisión contra Adriano Román, se le condene a una fuerte sanción monetaria de manera que se le despoje de parte de los cuantiosos recursos que ha utilizado, y que puede seguir utilizando desde la cárcel, para continuar dañando a la sociedad, dado su carácter de criminal patológico.

Los profesionales del derecho y de la comunicación de Santiago deben respaldar masivamente a la familia Veras Rodríguez en este importante momento de su vida porque lo que le pasó a Jordi, por ejercer con seriedad su profesión, puede pasarle en el futuro, a cualquiera que cumpla con responsabilidad su deber.

RELACIONADO: ADRIANO ROMÁN: EL CALÍGULA DE SANTIAGO
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EL MEJOR TRIBUTO A LOS HÉROES DE FEBRERO
Por Fernando Rodríguez Céspedes

El mejor tributo rendido, este 27 de febrero, a los héroes de nuestra independencia, encabezados por Juan Pablo Duarte, fue la advertencia del Gobierno de que si el contrato con la minera Barrick Gold no es revisado amigablemente, procederá, vía congresional, a imponer los impuestos necesarios a los ingresos inesperados de la firma para que el país obtenga mayores beneficios.

En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Danilo Medina, advirtió a la compañía extranjera, que si persiste en su actitud negativa ante las gestiones oficiales de revisión del contrato que la autoriza a explotar los yacimientos de oro de Pueblo Viejo, no se quedará de brazos cruzados y en un plazo prudente, procederá contra ella.

La valiente actitud del primer mandatario, recordó actuaciones similares de los ex presidentes Joaquín Balaguer y Antonio Guzmán quienes, en sus momentos, hicieron valer su autoridad para lograr mayores beneficios para el país, contrario al pasado presidente y a los legisladores actuales que brindaron en bandejas de oro nuestras riquezas mineras al emporio canadiense.

Esta censurable actitud permitió a la Barrick, el 11 de noviembre del 2009, tras una cuestionable revisión del contrato vigente, reducir a un ridículo 3 por ciento los beneficios que recibiría el Estado, además de las grandes ganancias que han obtenido con el astronómico aumento del precio del oro a nivel mundial. Esto, como dijo el presidente Medina, es, sencillamente inaceptable.

El pueblo dominicano, representado por todas sus instituciones, debe respaldar militantemente, sin banderías políticas, al Gobierno en esta patriótica lucha en defensa de nuestras riquezas mineras para beneficio de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad como anunciara el presidente Medina quien, con su postura, se engrandece como político y ciudadano.
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DEFENSA A CRIMINALES MENORES
Por Fernando Rodríguez Céspedes

Cuando veo la ardorosa defensa de personalidades, instituciones y periodistas en contra de que sea modificado el Código del Menor para aumentar las penas contra quienes incurran en actos criminales, no puedo evitar recordar el secuestro, tortura y asesinato de los siete taxistas de la Zona Oriental víctimas de una pandilla de menores que pronto estarán de nuevo en nuestras calles.

Más reciente, en San Cristóbal, varios delincuentes, entre los que se señalan a dos menores, fueron acusados de secuestrar, violar y golpear hasta la muerte a una indefensa niña de apenas 5 años de edad y así podrían seguirse enumerando hechos delictivos en los que han participado mozalbetes cuya capacidad de maldad supera a muchos adultos criminales.

Estamos conscientes de que la inequidad, el estado de injusticia social, el desempleo, la proliferación del micro-tráfico en nuestros barrios y la falta de educación y orientación de esos jóvenes son causas indiscutibles de sus conductas criminales, pero si los exculpamos de sus responsabilidades, por estas mismas causas, tendríamos que hacer lo mismo con los delincuentes adultos.

No nos llamemos a engaños, no es verdad que esos males de raíces sociales tan profundas van a desaparecer de la noche a la mañana y mientras tanto algo tiene que hacerse para sancionar con mayor drasticidad la conducta criminal de quienes, menores o no, han sumido a la sociedad en un estado de inseguridad que ni en su propio hogar uno se siente seguro.

Estoy de acuerdo en que el solo aumento de la reclusión como castigo es inútil contra los menores descarriados si no conlleva un proceso de reeducación y desintoxicación, en el caso de que sean adictos, que permita reinsertarlos en la sociedad, incluso con un oficio aprendido en escuelas laborales creadas en las correccionales para esos fines. Pero algo hay que hacer.
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