Se acaban de cumplir cuatro años de un crimen, aún impune, que estremeció a la sociedad de Mao por la crueldad con que se ejecutó, y la condición de joven madre de la víctima, esposa de un prestigioso profesional, agraviado doblemente, porque, además de perder a su esposa, fue injustamente acusado por un "rumor público" que pese a su saña e intensidad, nunca pudo presentar un solo elemento incriminatorio en su contra.
En consecuencia, ni el fiscal adjunto de Mao, Nelson Rodríguez, quien actuó, con marcado prejuicio acusador, ni la entonces fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, a cuyas manos pasó el caso, pudieron someter a la justicia al profesor universitario Manuel Rodríguez Bonilla, esposo de la asesinada Yasmín Valdez de Rodríguez en su hogar, cuando este salió a llevar al colegio al mayor de los niños y a realizar diversas diligencias.
Cuando las autoridades investigaron exhaustivamente al esposo, y lo sometieron a los experticios de lugar llegando a la conclusión de que nada tuvo que ver con el horrendo crimen, cambió la campaña en el sentido de que si no participó físicamente en el mismo, fue su autor intelectual sin mostrar un solo motivo o beneficio que pudieran haberlo inducido al hecho.
Lejos de beneficiarse, el esposo es el más perjudicado porque se ve obligado a educar solo a sus hijos, lejos de Mao, para protegerlos de una campaña que puede traumatizarlos, y por las amenazas y persecución de los hermanos militares y el padre de la difunta, envenenados por la campaña de los sicarios morales encubridores de los verdaderos asesinos de Yasmín.
Y digo encubridores, porque quienes se han prestado, desde el principio del crimen, a acusar insistentemente a Rodríguez Bonilla, han mirado para otro lado cuando han aparecido evidencias comprometedoras contra personas como José Rubén Matías Infante y Marcos Andrés Almánzar (alias Jonathan) del barrio San Antonio, quienes son perseguidos por las autoridades en base a la orden 572 del 7 de septiembre del año antepasado para ser investigados por las autoridades a cargo de las investigaciones.
De estos individuos, el primero frecuentaba la casa vecina a donde fue cometido el crimen, y el segundo, había salido de la cárcel días antes de la tragedia, luego de cumplir sentencia por robo cometido en una vivienda ubicada al frente de donde vivía Yasmín. Este fue visto en los alrededores por el fiscal Nelson Rodríguez quien le advirtió que se mantuviera localizable para posible interrogatorio, y hasta la fecha, anda huyendo.
Tanto Jonathan como Matías Infante aparecían en el cruce de informaciones producto de investigaciones sobre el crimen, pero el elemento de mayor peso contra ellos, lo aportó el testigo Enyi García Rivera cuando confesó al coronel Acosta Castellano, encargado de Investigaciones Criminales de la P.N. de Mao, que estos individuos habían cometido el asesinato luego que él les avisó cuando el esposo salió de la casa.
Cualquiera se preguntaría, ante tales evidencias, y la insistencia del profesor Rodríguez Bonilla para que todo sea esclarecido, ¿por qué las autoridades no han resuelto el caso?, y yo respondería, primero por la negligencia de la Policía y el aparato judicial, y segundo porque la madre, el padre de Yasmín se han dejado envenenar la mente contra el esposo y lo han escogido como su "sospechoso favorito", obstaculizando la objetividad y progreso de las investigaciones.
Por último, porque hay sectores, debidamente identificados, que aprovecharon la coyuntura del asesinato de Yasmín para destruir moralmente al esposo, patrocinando una campaña de infundios que encontró campo fértil en la morbosidad del pueblo y ha servido, a su vez, de escudo a favor de los asesinos quienes, tarde o temprano, caerán en manos de la justicia para que paguen su terrible crimen.
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