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A CAMELIA DISLA
In memoriam

Por Fernando Rodríguez Céspedes

Con la dignidad y paz con que vivió, expiró en la tarde del pasado miércoles, una maestra que educó y se entregó, sin reservas, a una comunidad que llora desconsolada su partida.

Altagracia Camelia Disla, cultivó con amor la educación durante 79 años ininterrumpidos pues siendo una mozalbete de apenas 17, se inició con pasión a una profesión que ejerció hasta su partida.

Su bondad y trato maternal con sus alumnos, entre los que se destacó José Francisco Peña Gómez, no les impidieron educar con rectitud a los maeños que tuvimos el privilegio de recibir sus orientaciones.

Los reconocimientos recibidos del Poder Ejecutivo, el Senado de la República, la Fundación Consuelo Pepín e innúmeras instituciones de Valverde, fueron testimonios de gratitud de una patria que valoró, en vida, su abnegación.

Fue una estudiosa de nuestro idioma e historia, declamaba con una dicción y memoria que cautivaba a quienes la escuchaban mientras lucía su esbelta figura que ni el paso de los años pudieron doblar.

Conversar con ella en el kiosco de su jardín, donde tantas peñas se realizaron, era un bálsamo que enaltecía el alma y nos ungía con las frescas aguas del manantial de sapiencia que prodigaba con humildad.

El Ayuntamiento de Mao declaró tres días de duelo en su honor; sus hijas, y el Comité de Historia, fundado por ella, junto a otros notables maeños, se encargan de sus honras fúnebres que culminarán este viernes en la tarde.
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PERIODISMO, DIFAMACIÓN E INJURIA
Por Fernando Rodríguez Céspedes

La despenalización del delito de prensa en lo concerniente a la difamación e injuria es una tendencia que cada día toma fuerza a nivel mundial auspiciada por entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y las organizaciones que agrupan a los periodistas.

Recientemente la Cámara de Diputados procedió a la eliminación de la pena de cárcel contemplada en el Código Penal ante los delitos de difamación e injuria, en consonancia con las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los culpables de difamación, por ejemplo, podrían ser condenados al pago de hasta diez salarios mínimos aunque la víctima puede pedir una indemnización por daños y perjuicios en adición a las excusas o aclaraciones públicas correspondientes.

Sabemos lo dificultoso que resulta iniciar y mantener un proceso judicial por esta causa, aparte de que la víctima tiene que pagar un abogado para defender sus derechos a la intimidad, moral y honra consagrados en el artículo 49 de la constitución dominicana.

Existe, una ligereza alarmante, especialmente en los medios de comunicación electrónicos, en la difusión de noticias y comentarios que se emiten sin medir las consecuencias morales, sociales, políticas y económicas que puedan sufrir las personas, funcionarios o ciudadanos comunes víctimas de denuncias infundadas.

A veces, se actúa de mala fe y se practica la máxima de, "difama que algo queda", sobre todo en tiempos de campaña política, por razones personales, por chantaje y en ocasiones, por mandato de terceros ejerciendo de esa manera lo que se ha denominado "sicariato moral".

Dos casos importantes de difamación que, a mi entender, fueron motivados por la campaña política, son la denuncia del comunicador santiaguero Marcos Martínez contra la hoy vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández, y la del senador Winton Guerrero contra el ex presidente Hipólito Mejía.

Ante la despenalización de los delitos de difamación e injuria, estoy convencido de que esta práctica se incrementará en detrimento de la decencia, el respeto y la sana convivencia entre los dominicanos, porque si existiendo la pena de cárcel, se difamaba alegremente, ¿qué no será ahora?
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DANILO Y EL CONGRESO
Por Fernando Rodríguez C.

La decisión del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, de convocar a una legislatura extraordinaria a los miembros del Congreso Nacional, busca propiciar un mayor y mejor ejercicio laboral de una de las instituciones más privilegiadas de la Nación.

Aprovechando la coyuntura, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, abogó para que en ese tiempo extra, sea conocida y aprobada la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, al margen de otros importantes proyectos que deben ser retomados.

Confiamos en que los honorables miembros del Congreso Nacional entiendan y acaten el mensaje del Presidente y sean capaces de comprender que nuestro país se encuentra en un momento crucial en el que todos, sin excepción, debemos contribuir para mejorarlo.

La oportuna propuesta del presidente de la cámara baja, debe ser tomada en cuenta y empezar a trabajar, con las instituciones de la sociedad civil y los partidos políticos, para que la ley relativa a su accionar sea aprobada y regule una actividad tan importante como la política.

Resultaba contraproducente que los congresistas se fueran de vacaciones, dejando pendiente de conocer proyectos como el de Regulación de salarios para el sector público, el de las llamadas de emergencia al 911, la modificación a los códigos civil y penal y las leyes orgánicas de las F.F.A A. y la Policía Nacional.

Trabajos tiene de sobra el Congreso Nacional y ya es hora de que empiece a justificar, en parte, el enorme sacrificio que cuesta al pueblo dominicano, su excesivo costo económico que sobrepasa el de algunos de los parlamentos más ilustres de Europa y América.

Así que honorables congresistas... ¡Manos a la obra!
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MEDICINAS FALSIFICADAS EN EL PAÍS
Por Fernando Rodríguez Céspedes

Se necesita ser un monstruo de maldad y perversidad para fabricar o comercializar medicamentos falsificados atentando contra la vida y la salud de miles de enfermos que a veces tienen que dejar de comer para comprar medicinas que en vez de curarlos, los pueden llevar a la muerte.

Como actividad criminal, la fabricación o comercialización de productos medicinales falsos, es peor que el tráfico o consumo de drogas puesto que quienes entran a ese tenebroso mundo lo hacen, generalmente por su cuenta a sabiendas de las consecuencias a las que se exponen.

Por el contrario, quienes consumen medicamentos falsificados o vencidos, son víctimas dobles de los inescrupulosos que los engañan y ponen en riesgo sus vidas para hacerse de unos millones más, protegidos por un inexplicable silencio y falta de acción de las autoridades correspondientes.

Y digo inexplicable, porque además de todos los males que conlleva la fabricación y comercialización de fármacos en contra de quienes los consumen, la práctica también perjudica la sana competencia, viola el derecho de propiedad industrial y las recaudaciones que debiera recibir el Estado.

En ese sentido, la eficiente directora de ProConsumidor, licenciada Altagracia Paulino pidió públicamente al Congreso Nacional que legisle para criminalizar esa malsana actividad junto a la venta de alimentos vencidos, alarmada por los niveles alcanzados por ambas prácticas.

En una mesa redonda sobre el tema de los medicamentos falsos, la Fundación Dominicana Compite, dio a conocer que la República Dominicana ocupa el segundo lugar en el mundo en este tipo de delito que mueve, anualmente, $1,300 millones de pesos en el país.

Dada la gravedad de la situación por los niveles alcanzados y el riesgo a que se expone nuestra población, se hace impostergable que ProConsumidor, el Ministerio de Salud, Industria y Comercio, ARAPF y todos los sectores que tienen que ver con la salud del pueblo, se unan en una jornada sin treguas hasta acabar con esos crímenes de lesa humanidad.
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LA TRAGEDIA DE CONNECTICUT
Por Fernando Rodríguez Céspedes

Lo único que puede paliar la consternación y dolor provocados, a nivel mundial, por el asesinato a mansalva de 20 infantes y seis profesoras en la escuela primaria de Sandy Hook en Newtown, Connecticut, es que el Congreso Norteamericano modifique la permisiva ley de comercialización y tenencia de armas de fuego de manera que situaciones como la comentada, no vuelvan a repetirse.

Ante las sucesivas tragedias similares, acontecidas en los Estados Unidos en los últimos años, constituye una irresponsabilidad mayor de las autoridades norteamericanas mantener vigentes, para proteger la odiosa industria armamentista, leyes que permiten a cualquier ciudadano obtener, como si fueran útiles deportivos, armas de asalto y altos calibres.

La sociedad norteamericana está plagada de drogadictos y enfermos mentales, situación que en vez de mejorar, será cada vez peor por los problemas económicos que sufre una nación que del boato y el consumismo, ha tenido que someterse a una economía de emergencia que afecta directamente el estado emocional de grandes núcleos de la población.

Si a esta situación, les sumamos el bombardeo sistemático de la violencia por los medios escritos radiales y televisivos y la proliferación de los juegos electrónicos infantiles cuyos fundamentos son la guerra y asesinatos masivos con metralletas y armas similares, nada bueno podemos esperar de una sociedad influenciada por esos males.

No bastan las lágrimas del presidente Obama, los lamentos ni discursos contra la violencia y a favor de la paz, es necesario que por encima de asociaciones como la del Rifle y cualquier interés económico de los fabricantes y comerciantes de armas, se tomen medidas legales drásticas que impidan el fácil acceso de la población a estos despreciables instrumentos de muerte.
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POLÍTICOS Y NARCOTRÁFICO
Por Fernando Rodríguez Céspedes

En las últimas informaciones sobre el caso Quirino sale a relucir que entre los implicados por éste en narcotráfico internacional, conspiración y lavado de activos financieros, figuran altos ex militares, empresarios y dirigentes políticos, los cuales, a excepción de estos últimos, podrían ser solicitados en extradición, por el Gran Jurado que conoce el expediente en los EE.UU.

El trato especial de simple vigilancia a los políticos, se debe al interés de Norteamérica de preservar el sistema de partidos del país y el liderazgo de importantes figuras de la vida pública nacional, de acuerdo a las versiones mejor documentadas sobre el delicado tema del narcotráfico internacional.

Eso explica porqué tanto en los Estados Unidos como aquí, por grandes que sean las incautaciones de drogas, nunca figuran, los nombres de los principales responsables del narcotráfico internacional, porque así como protegen a los políticos, también protegen a los altos militares y a los empresarios por ser piezas importantes del sistema.

El mismo Quirino Ernesto Paulino está preso, por cometer la torpeza de dirigir personalmente el operativo de traslado de drogas. Los grandes narcotraficantes del país han tenido que ser capturados fuera de aquí como pasó con Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, y Toño Leña para citar tres casos de capos que compartían con altos funcionarios, militares, políticos y empresarios de la nación.

Mientras los responsables de combatir el flagelo del narcotráfico sigan actuando de esa forma, privilegiando a los políticos, estos continuarán a sus anchas en el mundo del lavado y de la corrupción administrativa, porque a final de cuentas, gozan de la protección de los hipócritas sostenedores del corrupto sistema que hunde a nuestro pueblo en un mar de inmundicias e inequidad.

SANTO DOMINGO, D.N.
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ALCOHOL SIN CONTROL EN EL PAÍS
Por Fernando Rodríguez Céspedes

La venta y consumo de alcohol sin control en nuestro país, es causa indiscutible de males que van desde accidentes automovilísticos con pérdidas de vidas, mutilaciones, invalidez y daños materiales, hasta la ola de feminicidios que tan grave y vergonzantemente lacera a nuestra sociedad.

Estadísticamente, los organismos correspondientes dan cuenta de que más del 60 por ciento de los accidentes de tránsito son ocasionados por la temeridad o falta de reflejos que provoca en los conductores, sobre todo de motocicletas, la ingestión de alcohol antes o mientras se conduce.

Esto, sin contar con el ausentismo laboral o poco rendimiento debido a las famosas resacas de quienes empiezan a beber “un trago social” cualquier día de semana para terminar borrachos y con el malestar que provoca el consumo de alcohol que aunque social y comercialmente es aceptado, es una droga.

Esta droga “desinhibidora,” ha contribuido a llevar el luto, el dolor y la destrucción a miles de familias dominicanas víctimas de los machos envalentonados que golpean a esposas e hijos, agresiones que muchas veces terminan con el asesinato.

Da pena ver a muchos de nuestros jóvenes visitar noche tras noche las discotecas, y a cualquier hora, colmadones y centros de diversión para consumir un elemento altamente pernicioso para su salud física, mental y económica. Lo hacen con orgullo y se ufanan de ello como si en lugar de una afrenta, fuera una virtud.

Ya se ha convertido en un relajo el establecimiento de colmadones y centros de diversión alrededor de las universidades y hasta de escuelas secundarias donde es frecuente observar a los estudiantes con un poste de ron o una fría en horas que debieran utilizar para el estudio y su preparación.

Hemos llegado al extremo de que existen gasolineras y otros lugares de expendio de alcohol, que hasta le llevan la cerveza al cliente al carro, ignorando las leyes que prohíben el consumo de alcohol mientras se maneja, y lo peor, sin que las autoridades se den por enteradas de esta situación.

Ninguna sociedad puede progresar sin disciplina por lo que celebramos la iniciativa del Ejecutivo de someter un proyecto de ley que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, a sabiendas de los grandes intereses que resultarían afectados de convertirse en ley dicho proyecto.

Quiera Dios que nuestros congresistas decidan casarse con la gloria y lo aprueben, pese a las presiones y campaña mediática que surgirán para torpedear e impedir que pase un proyecto de ley tan positivo para el devenir de una sociedad que al decir de algunos, consume más litros de alcohol que de leche.

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FALTA DE AUTORIDAD EN EL PAÍS
Por Fernando Rodríguez Céspedes

En nuestro país, existe una amplia y rica legislación para un ordenamiento social eficiente y sostenido que nos conduzca, como nación, por los caminos de la institucionalidad y el desarrollo político, social y económico.

El fallo radica en la falta de autoridad como señalara recientemente el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez al referirse a la falta de control que existe en la Zona Colonial de la capital ante los escándalos nocturnos de los centros de diversión.

Esta situación, no es exclusiva de la referida zona, sino de todo el país y las causas originarias hay que buscarlas en el populismo de nuestras autoridades en su afán continuo y electorero de parecer simpáticos “dando chances” y siendo tolerables ante personas y situaciones violatorias de la ley.

Esta tendencia social y políticamente manejada, lleva a las autoridades civiles a intervenir ante las policiales y militares a favor de personas que al sentirse protegidas, violan constantemente las leyes creando la situación de indefensión e impunidad que padece nuestra sociedad.

Y, aunque nos referimos a la contaminación sónica, que la puede provocar no solo los negocios o centros de diversión, sino hasta cualquier vecino desaprensivo o anunciante desaforado en sus vehículos anunciadores, el problema es mayor y alcanza niveles de alta peligrosidad.

Puede afectar la seguridad ciudadana como es el caso de las famosas metaleras que exportan toneladas anuales de metales reciclados, que no produce el país, en beneficio de unos pocos millonarios y en detrimento de la ciudadanía que observa con pavor la tolerancia y privilegios oficiales que exhiben estos señores.

Estos privilegios son tan grandes que permiten que el robo de cables eléctricos y telefónicos dejen sin servicios a amplios sectores de la población, las tapas de la alcantarillas son sustraídas con el peligro que conlleva esta situación para conductores y transeúntes y hasta los puentes y torres eléctricas corren riesgos de colapsar.

Los monumentos públicos son robados o mutilados, las inscripciones en letras o tarjas de bronce de estos, de residenciales, centros comerciales u oficinas públicas y privadas son sustraídas descaradamente y hasta verjas metálicas han sido desmanteladas.

Y todos estos inconvenientes podrían cesar si se tomaran medidas drásticas administrativamente o se aprobara el proyecto de ley que cursa en el Congreso que busca suspender por diez años la exportación de metales que no producimos, pero eso es pedir demasiado.

El interés ciudadano es supeditado al privilegio de unos cuantos que se lucran alegremente de la falta de autoridad que padece nuestro país y al ciudadano indefenso solo le queda preguntar: ¿hasta cuándo seguiremos por estos vergonzantes derroteros?
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