Por Fernando Rodríguez Céspedes
Una botella de vino, champaña o whisky de las que suelen degustar nuestros empresarios, políticos, funcionarios y hombres de negocios del país, cuesta más de lo que percibe, como salario mensual, cualquier miembro de la clase trabajadora dominicana.
Esa situación, debiera avergonzarnos sobre todo por darse en un país cuyas autoridades se ufanan de un crecimiento económico que solo se manifiesta en el dispendio, exhibición y boato con que viven la mayoría de nuestros ricos, políticos y funcionarios públicos.
La inequidad en la distribución de nuestras riquezas, ha alcanzado niveles tan alarmantes que tanto los organismos internacionales como las personalidades internacionales que nos han visitado en los últimos tiempos, se han referido a ella abogando por su combate.
El pírrico aumento salarial de 17% impuesto por los patrones con la complicidad de la mayoría de los miembros del Comité Nacional de Salarios, ya fue devorado por una inflación que, cual insaciable piraña, nada a sus anchas en el mar de la indiferencia e insensibilidad oficial.
Dejar a la bondad y consideración de cada empresario si aumenta o no a sus servidores que estén por encima del salario mínimo es una burla más a las clases trabajadoras, porque no es ni será la vocación de justicia la hacedora de los grandes capitales.
El estado, como garante de la paz y la justicia social, debiera ser el primero en romper con los injustos criterios salariales que les permiten a los funcionarios asignarse los aumentos y sueldos que les venga en ganas como sucedió, hace poco, en la Súper Intendencia de Seguros.
Ningún gobierno debiera permitir que mientras sus ministros, directores generales, u otros funcionarios de entidades descentralizadas, ganan por sobre el millón de pesos mensuales, exista un porcentaje enorme de servidores públicos que no llegan a 6 mil pesos al mes.
No me refiero a los zánganos y activistas que cobran sin trabajar, me refiero a empleados que cumplen día a día con sus horarios de trabajo y labores durante todo un mes para al final encontrarse con que gran parte de su salario se les ha ido en transporte y pago de electricidad.
Entre estos servidores se destacan los conserjes, mensajeros, guardias, policías y otros miembros de los organismos armados del país que cumplen con grandes responsabilidades a expensas, a veces, de su integridad física y hasta de sus vidas en el peor de los casos.
El Estado debiera adoptar la escala mayor del salario mínimo que existe en el sector privado como referencia y pago a los humildes servidores del sector público dando así un primer paso hacia el establecimiento de una política general de salarios no excluyente.
Al mismo tiempo, deben establecerse mecanismos de control de precios para que la especulación no se trague los posibles aumentos salariales desde que se empieza a tratar el tema como sucede ante la mirada indiferente de los organismos de control.
Finalmente, considero que los planificadores y economistas del régimen, debieran estudiar el establecimiento de una ley de proporcionalidad salarial donde, ningún funcionario por importante que se crea, gane más que el Presidente o el equivalente a 200 salarios mínimos.
¡Y se hará justicia!
SANTO DOMINGO, D.N.
31 de Mayo del 2011.-
Si comento me callan. Atte Ley S. Pero digo la verdad. Tenemos un gobierno de carita y de cuello parado. No hay esperanza/
ResponderBorrarExcelente escrito de corte económico social !!!
ResponderBorrarGracias primo Fernando por la gran sensibilidad social y humanismo que siempre le han caracterizado. Atinadas sus sugerencias al régimen actual, al igual que a sus planificadores y economistas. Es deber de todos nosotros combatir la inequidad en la distribución de nuestras riquezas, la que ha alcanzado niveles muy alarmantes. Que se haga justicia!!!
Sinceramente, con profundo afecto,
Diómedes Rodríguez