Por Fernando Rodríguez Céspedes
Si bien es cierto, como alegan algunos, que el aumento de las sanciones no hará desaparecer la delincuencia, por lo menos penaliza con mayor drasticidad la criminalidad que nos está arropando como sociedad.
De ahí la necesidad de modificación que requiere el Código Procesal Penal (CPP), respetando siempre los mandatos constitucionales, en lo que se erradican las causas que originan la delincuencia.
La permisividad y manos blandas de jueces irresponsables que se amparan en este código garantista, están llevando al país a un estado de indefensión e impunidad total.
Producto de esta situación, en los últimos 2 años, 1,517 acusados de crímenes de narcotráfico, asesinatos, violaciones y violencia contra féminas andan por nuestras calles sin ningún control de las autoridades.
De este grupo, más de 900 fueron sometidos por narcotráfico, 313 este año y 637 el pasado 2010, dictándose contra ellos medidas de coerción, sin prisión, que alegremente han violado por lo que fueron declarados en rebeldía por el Ministerio Público.
Esta penosa y peligrosa situación seguirá dándose mientras no se aplique prisión preventiva a los acusados de asesinatos, narcotráfico y otros crímenes graves que laceran nuestra sociedad.
Quiera Dios que el Senado respalde a los diputados en sus proyectos de modificación al CPP, y al Código del Menor a pesar de la oposición de grupos defensores de los derechos humanos y de la iglesia católica.
Sabemos que las raíces de la delincuencia se encuentran en el mismo sistema de desigualdad, falta de empleos, educación e inequidad que por siglos afectan a nuestra sociedad.
Pero en lo que llegan las soluciones de fondo a esos males, no podemos cruzarnos de brazos a ver cómo la delincuencia se enseñorea arremetiendo contra la vida, bienes y tranquilidad de la ciudadanía.
Por eso, hay que apoyar al Congreso en sus trabajos de modificación al CPP, y al Código del Menor y sanear los tribunales de jueces complacientes que con sus actitudes se hacen cómplices de la criminalidad.
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