Por Ignacio Márquez
Director del periódico El Universal, de Mao
Las autoridades de la Procuraduría General de la República y el instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), incrementarán las medidas para combatir las estafas que se producen en las estaciones de expendio de gas licuado de petróleo (GLP).
Al menos eso fue lo que anunciaron recientemente los ejecutivos de ambas instituciones durante un encuentro con los representantes del Ministerio Público del país, a quienes les fueron dadas las instrucciones para que persigan ese delito.
Esta decisión ha sido tomada después que varias plantas de ventas de gas fueran clausuradas en Santo Domingo, tras descubrirse que estafaban a sus clientes, la mayoría personas de clases humildes.
Uno de los negocios clausurados llegaba al extremo de robarle dos galones de gas por cada 10 que le vendía a un cliente.
O sea, le cobraban 10 galones, pero sólo despachaban ocho.
Esa sólo era una de las múltiples modalidades de robo puestas en práctica por las estaciones de gas en contra de pobres amas de casas, humildes padres de familias y choferes que se ganan la vida en el transporte público de pasajeros.
Estos delitos ocurren con más frecuencia de lo que uno se imagina, pero muy poca gente se ocupa de indagar y darle seguimiento, sea por resignación, falta de tiempo o simplemente porque no le damos la importancia que merece esta situación.
El anuncio que hacen las autoridades del Ministerio Público y Proconsumidor de combatir las estafas de las envasadoras de gas, no debe quedarse en teoría, no sólo deben ser notas de prensa, discursos en televisión o mensajes electrónicos.
Los fiscales y técnicos calificados deben recorrer una por una las estaciones de GLP, sin avisos ni llamadas previas, para comprobar si en verdad sus dueños venden a sus clientes la cantidad que dicen venderles.
Esos operativos también deben ser realizados en las estaciones de gasolina y gasoil, donde además de la cantidad, debe indagarse sobre la calidad de los carburantes, porque hay quejas de adulteraciones que, en adición a los daños económicos, le suman costosos daños mecánicos.
Ojala y que estas indagaciones se hagan sin exclusiones ni prejuicios politiqueros, sin intenciones de hacer daño y con la profesionalidad y la logística necesaria que garanticen prudentes decisiones a favor de las mayorías.
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