Lo correcto y procedente desde el punto de vista ético es la eliminación definitiva, no la suspensión provisional, del denominado “barrilito” de los senadores que aunque legal es inmoral por el privilegio irritante que representa no solo frente a los contendientes políticos por cargos electivos, sino también ante una sociedad hastiada por la inequidad propiciada por un congreso que, sin rubor, legisla en su provecho, contraviniendo principios elementales de la ética y la correcta administración.
Los privilegios que se adjudican los mal denominados representantes del pueblo, los ubican en un plano de superioridad social y económica que sobrepasa, con creces, el status de los demás servidores públicos, incluyendo a los ministros, quienes laboran normalmente sin horarios y sin treguas, contrario a los legisladores que asisten, cuando les da las ganas a su curules de martes a jueves, a levantar las manos sin siquiera molestarse en leer los proyectos de leyes que les son sometidos.
En cambio, estos señores reciben en adición a sus lujosos sueldos mensuales, dos exoneraciones de vehículos de motor sin límite de precio por período, los millonarios fondos mensuales para su uso “social”, dietas, guardaespaldas, choferes, pasaportes diplomáticos, mantenimiento de oficinas, con su numeroso personal tanto en el congreso como en su comunidad, asignación de armas de fuego, placa oficial, seguros de salud, club social exclusivo y hasta retiro con pensión privilegiada.
En cuanto al manejo pulcro de los fondos recibidos para supuestas obras de bien social que en el caso de que se ejecuten constituyen una labor de proselitismo político personal con el dinero del contribuyente, hay que dudar, si tomamos como ejemplo la infeliz actuación del senador que por años se embolsillaba 15 de 20 mil pesos mensuales que le había cabildeado a una empleada doméstica suya mediante una “botella” o empleo público.
Por esas y otras muchas razones ya es tiempo de que se tome en cuenta las opiniones editoriales de nuestros principales medios periodísticos, del Cardenal López Rodríguez, del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaño Guzmán, sectores, entidades y personas representativas que abogan por la eliminación de un privilegio que no se justifica en un país de salarios de miseria donde ni siquiera a los médicos se le ha podido ofrecer un justo aumento de sueldos.
SANTO DOMINGO, D.N.
2 9 de Marzo del 2010.-
Ese es el clamor del pueblo. El Barrilito debe ser eliminado para siempre y se deben hacer auditorías independientes a cada uno de los miembros del congreso para determinar si sus actos en el uso de esos recursos públicos merecen su sometimiento a la justicia.
ResponderBorrarJOSE RAMON RODRIGUEZ