Por Fernando Rodríguez Céspedes
Esta situación es indignante, y lo peor es que puede alcanzar a cualquiera que cumpla con responsabilidad su rol de profesional del derecho. El sicariato es una realidad en nuestro país y tenemos que combatirlo a como dé lugar.
No obstante a que la sentencia condenatoria contra el empresario santiagués Adriano Román y el grupo de sicarios que atentó contra vida del abogado-comunicador Jordi Veras, en Santiago, constituye una seria advertencia contra el crimen organizado, la familia Veras Rodríguez y las autoridades, deben extremar las medidas de seguridad ante nuevas amenazas contra el joven abogado y su padre.
Adriano Román ha demostrado, con su largo historial delictivo, ser capaz de cualquier cosa sobre todo ahora que, cual fiera herida, sin nada más que perder, intenta lanzar sus últimos zarpazos, como denunciara el doctor Ramón Antonio- Negro- Veras, padre de Jordi, quien anunció la salida del país de su hijo y familia por razones de seguridad.
La mayor prueba de la peligrosidad de Román es que cumpliendo condena por el intento fallido de asesinato contra su ex esposa Miguelina Llaverías, a quien había sometido a graves vejámenes y agresiones físicas, en vez de asumir una actitud de arrepentimiento, contrata a un grupo de facinerosos para ultimar a Jordi porque logró que se hiciera justicia.
Con la segunda sentencia, lograda por el joven abogado en su contra, el odio y la rabia de Adriano Román se han duplicado y dadas las facilidades que proporciona el dinero y la cantidad de delincuentes que existen en las cárceles y calles de nuestro país, las autoridades deben garantizar la seguridad en torno a la familia Veras Rodríguez merodeada por individuos sospechosos.
Ahora viene el proceso de apelación y pese a los incidentes que en base a trapisondas, chantajes y amenazas Román y sus abogados secuaces suelen ejercer, confiamos en que los intentos por cambiar la sentencia condenatoria caerán en el vacío ante la contundencia de las pruebas presentadas y la actitud responsable de la justicia de Santiago y el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
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