lunes, 23 de julio de 2012
BUSCANDO NIVEL
FALTA DE AUTORIDAD EN EL PAÍS
Por Fernando Rodríguez Céspedes
En nuestro país, existe una amplia y rica legislación para un ordenamiento social eficiente y sostenido que nos conduzca, como nación, por los caminos de la institucionalidad y el desarrollo político, social y económico.
El fallo radica en la falta de autoridad como señalara recientemente el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez al referirse a la falta de control que existe en la Zona Colonial de la capital ante los escándalos nocturnos de los centros de diversión.
Esta situación, no es exclusiva de la referida zona, sino de todo el país y las causas originarias hay que buscarlas en el populismo de nuestras autoridades en su afán continuo y electorero de parecer simpáticos “dando chances” y siendo tolerables ante personas y situaciones violatorias de la ley.
Esta tendencia social y políticamente manejada, lleva a las autoridades civiles a intervenir ante las policiales y militares a favor de personas que al sentirse protegidas, violan constantemente las leyes creando la situación de indefensión e impunidad que padece nuestra sociedad.
Y, aunque nos referimos a la contaminación sónica, que la puede provocar no solo los negocios o centros de diversión, sino hasta cualquier vecino desaprensivo o anunciante desaforado en sus vehículos anunciadores, el problema es mayor y alcanza niveles de alta peligrosidad.
Puede afectar la seguridad ciudadana como es el caso de las famosas metaleras que exportan toneladas anuales de metales reciclados, que no produce el país, en beneficio de unos pocos millonarios y en detrimento de la ciudadanía que observa con pavor la tolerancia y privilegios oficiales que exhiben estos señores.
Estos privilegios son tan grandes que permiten que el robo de cables eléctricos y telefónicos dejen sin servicios a amplios sectores de la población, las tapas de la alcantarillas son sustraídas con el peligro que conlleva esta situación para conductores y transeúntes y hasta los puentes y torres eléctricas corren riesgos de colapsar.
Los monumentos públicos son robados o mutilados, las inscripciones en letras o tarjas de bronce de estos, de residenciales, centros comerciales u oficinas públicas y privadas son sustraídas descaradamente y hasta verjas metálicas han sido desmanteladas.
Y todos estos inconvenientes podrían cesar si se tomaran medidas drásticas administrativamente o se aprobara el proyecto de ley que cursa en el Congreso que busca suspender por diez años la exportación de metales que no producimos, pero eso es pedir demasiado.
El interés ciudadano es supeditado al privilegio de unos cuantos que se lucran alegremente de la falta de autoridad que padece nuestro país y al ciudadano indefenso solo le queda preguntar: ¿hasta cuándo seguiremos por estos vergonzantes derroteros?
Por Fernando Rodríguez Céspedes
En nuestro país, existe una amplia y rica legislación para un ordenamiento social eficiente y sostenido que nos conduzca, como nación, por los caminos de la institucionalidad y el desarrollo político, social y económico.
El fallo radica en la falta de autoridad como señalara recientemente el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez al referirse a la falta de control que existe en la Zona Colonial de la capital ante los escándalos nocturnos de los centros de diversión.
Esta situación, no es exclusiva de la referida zona, sino de todo el país y las causas originarias hay que buscarlas en el populismo de nuestras autoridades en su afán continuo y electorero de parecer simpáticos “dando chances” y siendo tolerables ante personas y situaciones violatorias de la ley.
Esta tendencia social y políticamente manejada, lleva a las autoridades civiles a intervenir ante las policiales y militares a favor de personas que al sentirse protegidas, violan constantemente las leyes creando la situación de indefensión e impunidad que padece nuestra sociedad.
Y, aunque nos referimos a la contaminación sónica, que la puede provocar no solo los negocios o centros de diversión, sino hasta cualquier vecino desaprensivo o anunciante desaforado en sus vehículos anunciadores, el problema es mayor y alcanza niveles de alta peligrosidad.
Puede afectar la seguridad ciudadana como es el caso de las famosas metaleras que exportan toneladas anuales de metales reciclados, que no produce el país, en beneficio de unos pocos millonarios y en detrimento de la ciudadanía que observa con pavor la tolerancia y privilegios oficiales que exhiben estos señores.
Estos privilegios son tan grandes que permiten que el robo de cables eléctricos y telefónicos dejen sin servicios a amplios sectores de la población, las tapas de la alcantarillas son sustraídas con el peligro que conlleva esta situación para conductores y transeúntes y hasta los puentes y torres eléctricas corren riesgos de colapsar.
Los monumentos públicos son robados o mutilados, las inscripciones en letras o tarjas de bronce de estos, de residenciales, centros comerciales u oficinas públicas y privadas son sustraídas descaradamente y hasta verjas metálicas han sido desmanteladas.
Y todos estos inconvenientes podrían cesar si se tomaran medidas drásticas administrativamente o se aprobara el proyecto de ley que cursa en el Congreso que busca suspender por diez años la exportación de metales que no producimos, pero eso es pedir demasiado.
El interés ciudadano es supeditado al privilegio de unos cuantos que se lucran alegremente de la falta de autoridad que padece nuestro país y al ciudadano indefenso solo le queda preguntar: ¿hasta cuándo seguiremos por estos vergonzantes derroteros?
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Muy bueno el enfoque del amigo Fernando. Esto así, porque no se ha implementado una política de cuidado, de control que vaya acorde con el desarrollo de la delincuencia. En tiempos anteriores, precisamente, la que le tocó gobernar el Dr. Balaguer y uno o dos periodos después, se solía aplicar la indiferencia a los casos violatorios, como la corrupción y los crímenes, hasta que nos olvidáramos de ellos. Pero ahora la situación se ha tornado muy peligrosa, ha avanzado tanto que supera los mecanismos de control del Estado, que pareciera que la delincuencia común, le ha ganado la batalla. Muchas de nuestras autoridades civiles y militares y policiales al darse cuenta que el enemigo es mas fuerte, ha optado en muchos de los casos, lo mas sencillo, aliarse a ella. Y tanto el Gobierno como las autoridades han continuado indiferentes, esperando que un caso lamentable, sea tapado con otro mas orrendo.
ResponderBorrarAfectos de Ley S.
Primo Fernando,saludos muchos para usted. La pura verdad,bien enfocada en el discurrir de su valioso y decidor articulo,consiste en la actitud irreverente y burlezca de las autoridades a diferentes niveles, al no empantalonarse para la resolucion definitiva de estos bochornosos y altamente preocupantes hechos y acciones delictivas,exigen aplicar medidas drasticas oportunas y concluyentes.Lamentablemente, no es asi, porque de algun modo a "ellos" les conviene mantener el" status quo",como distraccion de las cosas en su bien reconocido "circo". A pesar de todo,entiendo que aun estamos a tiempo de que esto cambie para bienestar de nuestra nacion y nuestras familias.
ResponderBorrarMe adhiero a su legitima preocupacion, la que considero consona con el correspondiente sentir de la mayoria de los dominicanos.
Abrazos sinceros, deseandole salud en abundancia para usted y familia ,...Nelson Rodriguez Martinez(Cuqui).