martes, 6 de enero de 2015
LA AUDITORÍA VISUAL EN EL PAÍS
Por Fernando Rodríguez Céspedes
Este concepto, de simple aplicación en la cotidianidad del país, hace mucho que tiene vigencia entre los dominicanos que ven, sin alarmarse, cómo personas de su entorno se integran a la labor política, al tráfico de drogas y a otras actividades delincuenciales, logrando grandes fortunas en poco tiempo.
Los más inteligentes, optan por vivir en bajo perfil y gran parte de su fortuna la ponen en manos de familiares o personas de su entera confianza, pero así como la pobreza es difícil de disimular, la riqueza tiene el mismo problema, sobre todo si es de origen espurio y se exhibe sin pudor.
Cada día son más las personas que exhiben riquezas que no pueden justificar y si existiera intención o voluntad política de combatir la corrupción, bastaría con investigar a los funcionarios públicos, policías, militares y ciudadanos que ostentan bienes materiales escandalosamente superiores a sus ingresos legales.
Esta reflexión surge ante la impracticable propuesta del senador Charlie Mariotti de una publicación que revele, cada año cómo suben y bajan las fortunas de políticos, funcionarios y empresarios, entre otras sugerencias al presidente Danilo Medina quien prometió, en campaña, combatir la corrupción.
Califico de impracticable la idea del inquieto congresista, porque el gobierno permitió, sin inmutarse, que numerosos funcionarios violaron la ley 311-14 que establece la obligatoriedad de presentar sus declaraciones juradas de bienes en un plazo de 30 días a partir de su designación, motivando suspicacias en el pueblo.
Esa situación se dio sin que pasara nada, pese a las advertencias del procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, quien llegó a advertir a los violadores de la ley que podían retenérsele sus salarios y que eran pasibles de ser cancelados, pero no recibieron ni siquiera una llamada de atención del Ejecutivo.
Tomando este hecho como ejemplo de la falta de voluntad política para sancionar a los violadores de la ley, funcionarios o no, entendemos porqué nuestro país es víctima del desorden e impunidad que crecen cada día ante la mirada indiferente de la mayoría de los ciudadanos y de los llamados a "poner el cascabel al gato."
Este concepto, de simple aplicación en la cotidianidad del país, hace mucho que tiene vigencia entre los dominicanos que ven, sin alarmarse, cómo personas de su entorno se integran a la labor política, al tráfico de drogas y a otras actividades delincuenciales, logrando grandes fortunas en poco tiempo.
Los más inteligentes, optan por vivir en bajo perfil y gran parte de su fortuna la ponen en manos de familiares o personas de su entera confianza, pero así como la pobreza es difícil de disimular, la riqueza tiene el mismo problema, sobre todo si es de origen espurio y se exhibe sin pudor.
Cada día son más las personas que exhiben riquezas que no pueden justificar y si existiera intención o voluntad política de combatir la corrupción, bastaría con investigar a los funcionarios públicos, policías, militares y ciudadanos que ostentan bienes materiales escandalosamente superiores a sus ingresos legales.
Esta reflexión surge ante la impracticable propuesta del senador Charlie Mariotti de una publicación que revele, cada año cómo suben y bajan las fortunas de políticos, funcionarios y empresarios, entre otras sugerencias al presidente Danilo Medina quien prometió, en campaña, combatir la corrupción.
Califico de impracticable la idea del inquieto congresista, porque el gobierno permitió, sin inmutarse, que numerosos funcionarios violaron la ley 311-14 que establece la obligatoriedad de presentar sus declaraciones juradas de bienes en un plazo de 30 días a partir de su designación, motivando suspicacias en el pueblo.
Esa situación se dio sin que pasara nada, pese a las advertencias del procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, quien llegó a advertir a los violadores de la ley que podían retenérsele sus salarios y que eran pasibles de ser cancelados, pero no recibieron ni siquiera una llamada de atención del Ejecutivo.
Tomando este hecho como ejemplo de la falta de voluntad política para sancionar a los violadores de la ley, funcionarios o no, entendemos porqué nuestro país es víctima del desorden e impunidad que crecen cada día ante la mirada indiferente de la mayoría de los ciudadanos y de los llamados a "poner el cascabel al gato."
Etiquetas:
Corrupcion,
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Eso podemos igualarlo al viejo refrán que dice:" lo que está a la vista,no necesita espejuelos".No más preguntas señor magistrado.
ResponderBorrarAntonio Mateo Reyes.