Los gobiernos y sus ejecutivos no son ni deben pretender, por populismo, convertirse en moneditas de oro para gustarle a todo el mundo. Muchas decisiones oficiales afectan positiva o negativamente a parte de la población, o simplemente despiertan posiciones a favor o en contra. Eso es parte de la democracia.
Lo que aspiramos los ciudadanos sensatos es que nuestros dirigentes, y más si presiden el Estado, tomen decisiones ajustadas a la constitución y la justicia como única forma de preservar un estado de derechos que debe alcanzar a todos por igual al margen del color de la piel o situación socio-económica.
La puesta en vigencia del Reglamento de Aplicación de los capítulos II y III de la Ley 169-14 a favor de los hijos de extranjeros ilegales nacidos en territorio dominicano e inscritos irregularmente, o no inscritos en el Registro Civil, ha desencadenado una ola de opiniones que van desde las más radicales, racistas y patrioteras, hasta posiciones ecuánimes en un sentido u otro.
El presidente Danilo Medina tenía el deber de tomar una decisión en torno a un problema humano que trasciende nuestras fronteras tras valorar las propuestas de los sectores más representativos de nuestra sociedad y en base a ello, emitió el decreto 250-14 que aunque garantiza los derechos a los indocumentados, establece un riguroso sistema de regularización, documentación y posible nacionalización de los mismos.
Confiamos, pese a las voces agoreras de siempre, intolerancias y hasta amenazas, en que la aplicación de este reglamento sea asumida con responsabilidad por las autoridades correspondientes para bien de la justicia, las relaciones armoniosas con nuestro vecino Haití, y el necesario ordenamiento y control migratorio de nuestro país.
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