El escándalo que sacude al sistema judicial del país con la acusación de prevaricación o corrupción a seis jueces, se ha convertido en un show de mal gusto, donde la suspendida jueza, Awilda Reyes Beltré, emerge como la estrella principal sin ser la pieza mayor de la mafia.
Al exponerse frecuentemente, ha caído en contradicciones como la de informar a través de su abogado, que había entregado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia el dinero recibido por el caso del regidor de Pedro Brand, versión que resultó falsa al igual que lo concerniente al recibo.
También afirmó recibir órdenes superiores para el dictamen de algunas sentencias que escandalizaron a la sociedad, y ahora se retracta a sabiendas que, aunque esto podría constituir un atenuante, su responsabilidad en este caso y en el de Arturo del Tiempo, es condenable.
Exhibe una altivez desafiante y como el sistema judicial está tan corrompido hay quienes apuestan a que todo se quedará en un show mediático debido a lo difícil que resulta presentar pruebas contra los corruptos quienes saben cómo manejarse dolosamente sin dejar rastros.
Esa destreza es mayor en jueces, fiscales y funcionarios judiciales por sus conocimientos y dominio de las leyes y la vigencia de un Código Procesal Penal que establece claramente que las acusaciones deben sustentarse en pruebas, no en declaraciones precipitadas como las del presidente de la Suprema.
Los políticos para blindarse, politizaron y cualquierizaron el sistema judicial, y muchos miembros del mismo se aprovechan y benefician de la situación y cuando son cuestionados, amenazan con revelar informaciones tan comprometedoras que obligan a buscar fórmulas que garanticen su impunidad.
Como el sistema no puede darse el lujo de que se caigan los altares de la justicia, incluyendo algunos pontífices que desde fuera, manipulan y siguen narigoneando a los jueces y fiscales sin criterios ni personalidad, el presente escarceo se quedará en lo superficial, sacrificando, quizás, a uno que otro peón judicial.
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